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La Unión Europea refuerza normas anticorrupción

La Unión Europea refuerza normas anticorrupción

El Consejo de la Unión Europea (UE) aprobó reforzar la normativa comunitaria contra el lavado de dinero y la financiación de grupos terroristas ante el creciente uso de las nuevas tecnologías por parte de los delincuentes.

“Las normas reforzadas reflejan la necesidad de la UE de adaptar su legislación para tener en cuenta el desarrollo de la tecnología y otros medios a disposición de los delincuentes”, señaló el consejo en un comunicado. La decisión de fortalecer la directiva comunitaria pretende prevenir el lavado de dinero y la financiación de grupos terroristas con un enfoque común a nivel internacional, precisó.

Los Veintiocho han incorporado algunas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera en Contra del Lavado de Dinero (FATF), como “ampliar el ámbito de aplicación de la directiva” a través de requisitos para un mayor número de operadores. Una de ellos es reducir de 15.000 a 10.000 euros el límite de pago en efectivo para comerciantes de bienes y proveedores de juegos de azar.

También pedirá normas más estrictas para los clientes e instará a entidades como los bancos a “fortalecer sus medidas en los casos en los que exista un mayor riesgo”. El texto apuesta por aplicar “un enfoque basado en el riesgo y una toma de decisiones basada en la evidencia” para identificar mejor los peligros. “La importancia de un enfoque supranacional para la evaluación del riesgo ha sido reconocido a nivel internacional”, añadieron los Veintiocho.

Los operadores de juegos de azar que presenten riegos deberán proceder “con la diligencia debida para transacciones de 2.000 euros o más”, detalló el comunicado. “El seguimiento total de las transferencias de fondos puede ser de particular importancia en la prevención, detección e investigación de lavado de dinero y financiación del terrorismo”, prosiguió. La nueva normativa establece que las autoridades competentes decidan qué medidas deben exigir a los proveedores de servicios de pago en las transferencias de fondos donde falta información del pagador o el beneficiario.

En cuanto a las sanciones, el texto prevé una multa máxima de “al menos el doble de la cuantía de la prestación derivada del incumplimiento” o al menos un millón de euros. Cuando la infracción involucre a entidades financiaras, el texto fija una sanción máxima de al menos cinco millones de euros. El Consejo de la UE indicó que los estados miembros tendrán dos años para transponer la directiva comunitaria a la legislación nacional. Tras esta decisión, el Parlamento Europeo podrá adoptar las medidas en la próxima sesión plenaria después de haber llegado a un acuerdo el pasado diciembre.

Fuente: EFE