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Todo sobre el sector del juego online en España

El presencial reclama no ser desplazado por el online

El presencial reclama no ser desplazado por el online

El sector del juego presencial, a través de la Federación Nacional de Operadores de Máquinas Recreativas y de Azar (Femara), reclama a las Administraciones competentes en materia de juego el mantenimiento del equilibrio existente con otras actividades de juego y en especial con el juego practicado por medios telemáticos.

Su incremento supondría un grave perjuicio para las 5.000 empresas operadoras de máquinas recreativas que dan trabajo directo en la actualidad a 20.000 trabajadores. Además, ayudan al mantenimiento de 100.000 empleos indirectos, fundamentalmente en hostelería, una actividad que reporta para las haciendas autonómicas unos 630 millones de euros anuales en concepto de tasas fiscales y otros 200 millones de euros anuales por otros impuestos y cotizaciones sociales.

Ésta es una de las conclusiones del II Femara Open Forum celebrado en Madrid, que ha reunido a más de 200 profesionales del sector bajo el lema “El futuro de las máquinas recreativas en hostelería”.

En el evento han participado reguladores de las Comunidades Autónomas de Madrid, País Vasco, Baleares, Murcia, Canarias y Castilla-La Mancha, así como el director general de Ordenación del Juego del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Además, en esta reunión José María O´Kean, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, ha abordado la ponencia titulada “Evolución de la economía española. Efectos en el sector del Recreativo”.

Miguel García Campos, secretario general técnico de Femara, que representa los intereses de los operadores de máquinas recreativas en hostelería, ha considerado que “un sector económico que crea riqueza y que se encuentra plenamente integrado en la sociedad merece un trato adecuado por parte de las Administraciones competentes que tienen la obligación de planificar de manera adecuada la actividad, dotándole de una necesaria seguridad jurídica”.