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Diez conclusiones sobre la regulación del juego mexicano

Diez conclusiones sobre la regulación del juego mexicano
El marco normativo y el régimen tributario a los que está sujeto el juego son los dos pilares fundamentales que determinan y condicionan el desarrollo de esta actividad en cualquier país. En el caso concreto de México, su análisis pone de relieve una serie de particularidades que dejan al descubierto también la necesidad de acometer reformas, más allá de una reordenación y un desarrollo normativo y fiscal claro y definido, de cara, sobre todo, a actualizar una legislación que cumple ahora 70 años.

Todas esas necesidades y la situación actual del sistema quedan al descubierto en el libro Diagnóstico del marco normativo y tributario de los juegos con apuestas que la Fundación Codere y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) presentaron el pasado 24 de julio en el Jockey Club del Hipódromo Las Américas de Ciudad de México. Durante la presentación del estudio, el primero en profundidad que se realiza sobre el sector del juego mexicano, sus autores, Ezequiel González Matus y Gabriela Ríos Granados, analizaron los aspectos más destacados de la investigación que han llevado a cabo, en la que han realizado una comparativa con los sistemas de España, Estados Unidos y Gran Bretaña. Un análisis que puede sintetizarse en diez conclusiones sobre la situación normativa y tributaria del juego mexicano y cinco recomendaciones generales -aplicables también a otros entornos jurídicos- para que la regulación de esta actividad sea eficiente y efectiva.

CONCLUSIONES SOBRE LA REGULACIÓN DEL JUEGO MEXICANO

  1. Existe una brecha entre regulación y actividades reguladas en México, con una Ley Federal de Juegos y Sorteos que data de 1947 y un reglamento que se desarrolló hace 13 años.
  2. En México rige un principio restrictivo en el sector del juego, es decir, están prohibidas todas las apuestas que no contemplen las normas. Pero se da la paradoja de que ninguna de éstas menciona la palabra “casino” y que esta actividad está permitida hoy gracias a la figura de los “juegos y sorteos de símbolos y números” que sí contempla la ley.
  3. En la legislación federal está permitido el juego online, pero no hay reglas específicas para su operación. Está permitido, pero no regulado.
  4. La autoridad reguladora del juego en México se encuadra dentro de la Secretaría de Gobernación, pero ésta carece de herramientas para imponer directrices y controlar la tecnología que se usa en la actividad del juego.
  5. En México, el reglamento de 2004 estableció una serie de requisitos para que las entidades privadas pudieran entrar a operar en el sector del juego, pero, por otro lado, esa misma norma no regula el juego desarrollado por las agencias públicas.
  6. El marco normativo fiscal es muy pobre, si no carente, en lo que a tributación del juego online se refiere. Además no hay datos fiables que puedan cuantificar cuántos son los recursos que a las arcas mexicanas pueden escapar por esta razón.
  7. No existe transparencia sobre el destino de los fondos que pagan las empresas concesionarias del juego en concepto de derechos de aprovechamiento.
  8. Existe una sobrerregulación en materia tributaria para las empresas concesionarias en los distintos niveles administrativos, a pesar de la falta de una agenda definida sobre tributación de juegos y sorteos con apuestas en las políticas públicas.
  9. Las empresas concesionarias tienen que cumplir con una legislación muy estricta en materia de prevención de blanqueo de capitales, lo que estigmatiza la operación de casinos frente a otras actividades, como la de alquiler de bienes inmuebles, también con riesgo de lavado de dinero.
  10. El juego en México, como en cualquier otro país, necesita ser regulado, porque es una actividad viva y la regulación del juego es reflejo de la política pública.

RECOMENDACIONES GENERALES

  1. Definición clara de un régimen de autoridad reguladora sobre el juego público, en el que se incluyan las funciones y la naturaleza de ese órgano rector.
  2. Definición clara de las actividades de juego permitidas y no permitidas por la ley.
  3. Normativa específica y diferenciada para la actividad de casinos presenciales frente a los online.
  4. Desarrollo de modelos de protección a los consumidores en la regulación del juego, con límites temporales y cuantitativos sobre la actividad, así como protegiendo la identidad y los datos personales de los jugadores.
  5. Inclusión de un régimen de sanciones definido para garantizar el correcto funcionamiento de una actividad, como es el juego, tan sensible socialmente.

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