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El Parlamento andaluz endurece las sanciones en el sector del juego

El Parlamento andaluz endurece las sanciones en el sector del juego

La Diputación Permanente del Parlamento andaluz ha convalidado este jueves el decreto-ley 6/2019, de 17 de diciembre, por el que se modifica la ley 2/1986, de 19 de abril, del juego y apuestas de Andalucía.

Esto supone un endurecimiento del régimen sancionador para conseguir una mayor eficacia en el control de acceso a los establecimientos bajo el principio de tolerancia cero a la entrada a este tipo de locales de menores y personas incluidas en el Registro de Control e Interdicciones de Acceso.

El decreto, que ha defendido ante la Diputación Permanente el consejero de Hacienda, Industria y Energía, Juan Bravo, ha contado con el respaldo del PP-A, de Ciudadanos (Cs) y de Vox, mientras que los grupos parlamentarios del PSOE-A y Adelante Andalucía lo han rechazado.

Seguidamente, con los votos contrarios, se ha rechazado tramitar el decreto como ley.

Bravo ha explicado que esta medida busca responder a la problemática «indeseada» que está generando la proliferación de las casas de apuestas y el juego ‘online‘ y que, además, en reiteradas ocasiones los distintos grupos han puesto de manifiesto mediante diferentes iniciativas en el Parlamento.

Igualmente, ha recordado que la Consejería inició un análisis de la situación del juego en Andalucía, las posibilidades de colaboración con el Estado –que tiene las competencias en materia de publicidad y apuestas on line– y con los ayuntamientos.

Una comparativa legislativa de cómo se regula el sector en otras comunidades, así como un análisis de los recursos que se destinan a las políticas de lucha contra las adicciones y la capacidad para incrementarlos.

«Fruto del diálogo con todos los agentes implicados son algunas de las medidas que se han adoptado y otras que se van a incorporar en el futuro para mejorar la normativa«, ha añadido Bravo.

También ha explicado que la regulación mediante decreto-ley viene motivada en «la necesaria aprobación de instrumentos que protejan a los colectivos más vulnerables de la sociedad en materia de juego, como son los menores de edad y aquellas personas con problemas de adicción al juego».

«Mejora regulatoria»

El consejero ha destacado que con este decreto «iniciamos la mejora regulatoria del juego en nuestra comunidad empezando por las normas con rango de Ley y que vendrá acompañada en los próximos meses por otro tipo de actuaciones».

Para posicionar al PSOE-A, Rodrigo Sánchez Haro ha advertido de que «el juego patológico destroza la vida de muchas familias y el futuro de miles de jóvenes».

Si bien ha defendido que traer este tema vía decreto y no una ley «no está motivado por la urgencia» ya que las acciones que contempla el decreto «se aplicarán en seis meses».

Además, ha censurado que «se saltan los acuerdos de esta Cámara y lo hacen sin tener en cuenta la regulación responsable que se tiene que hacer en un asunto tan sensible, y también sin tener en cuenta a los colectivos».

Por el PP-A, el portavoz parlamentario, José Antonio Nieto, ha señalado la urgencia que requiere de la aprobación de este decreto.

Mientras, ha afeado a Adelante que pretenda «matar moscas a cañonazos», apuntando que el mayor problema en este marco no es la apertura de establecimientos, sino el juego ‘on line’ al que accede cualquier usuario simplemente con su teléfono móvil.

Ha asegurado que «la voluntad es de que haya diálogo» y que es necesario «no eternizar los problemas».

Sergio Romero, portavoz parlamentario de Cs, ha defendido que era «una necesidad» modificar una ley de 1986.

También ha señalado la necesidad de este decreto dado que «han proliferado las nuevas modalidades de juegos y de apuestas, especialmente deportivas, que ponen en riesgo a los menores y a las personas con adicción al juego, siempre trabajando «desde el consenso» con los agentes implicados.

En nombre de Adelante, la portavoz adjunta, Ángela Aguilera, ha defendido que este decreto, por su importancia social, debe ser tramitado como ley, si bien lo ha considerado «insuficiente» porque, entre otras cosas, «desaparecen los jóvenes que alcancen la mayoría de edad, y es el colectivo más vulnerable».

Ha censurado que no contemple la «limitación de las aperturas» cuando estos establecimientos han proliferado «como setas».

Decreto «razonable» por «prudencia»

Por último, el portavoz parlamentario de Vox, Alejandro Hernández, ve la convalidación de este decreto «razonable» por «prudencia» mientras se está a la espera de lo que se pueda dictar en una norma estatal.

Aunque cree que la norma estatal «debe ser suficiente para que no haya normas autonómicas diferenciadas que no ayude a combatir la ludopatía«.

Como novedad, el decreto-ley incluye el cambio de infracciones que hasta la fecha eran graves y que pasan a ser muy graves, de manera que la multa económica es superior y permite aplicar con mayor contundencia las sanciones accesorias que procedan.

Así, entre las infracciones que pasarán a ser muy graves se encuentra permitir el acceso y la práctica de juego a las personas que lo tengan prohibido, el incumplimiento de los horarios de apertura y cierre establecidos y efectuar publicidad de los juegos y apuestas o de los establecimientos en los que estas actividades se practiquen, salvo autorización previa.

Las infracciones calificadas de muy graves serán sancionadas con multas que oscilan entre los 10.001 euros y los 300.000 euros (hasta ahora las multas iban de los 600 a los 10.000 euros) y pueden conllevar incluso la clausura del local.

El decreto recoge también la obligación por parte de las empresas de establecer un control de acceso exterior a los establecimientos de juego.

No obstante, para permitir la adaptación a las empresas a esta nueva exigencia, esta medida entrará en vigor a los seis meses de la publicación del decreto-ley.