Pages Navigation Menu

Todo sobre el sector del juego online en España

Vox quiere saber el número de compañías de juego online instaladas en Ceuta

Vox quiere saber el número de compañías de juego online instaladas en Ceuta

La diputada en el Congreso de los Diputados por Ceuta, Teresa López, ha preguntado al Gobierno de la Nación por el negocio del juego online y más concretamente por su situación en nuestra ciudad, «en expansión», dice Vox en una nota. Tras la última polémica surgida por la publicación de un artículo en el que se acusaba a Ceuta de ser una «tapadera tras los juegos online», esta formación quiere conocer al detalle cómo se desarrolla todo.

«El negocio del juego online en Ceuta está en expansión. El número de empresas del sector que se han instalado en la ciudad ha crecido exponencialmente, pero con ellas ha llegado la sombra de la duda sobre lo que puede haber detrás de esta actividad», recoge Vox en una nota.

Por ello, la formación quiere conocer «al detalle» cómo se desarrolla el juego online y la diputada nacional por Ceuta, Teresa López, ha registrado varias preguntas al respecto. La parlamentaria caballa pregunta si el Ministerio de Consumo, que dirige Alberto Garzón, tiene constancia de que en Ceuta se estén llevando a cabo “actividades fraudulentas respecto a la instalación de empresas de juego online”.

“¿Cuál considera el Gobierno que puede ser el motivo del desfase de cifras respecto al número de compañías de juego online entre el Ministerio de Consumo y el organismo adscrito a la Consejería de Hacienda de Ceuta?”, cuestiona López. Vox reclama así datos sobre la realidad de las empresas que se han instalado en Ceuta y el empleo que han generado.

Hay que recordar que la Comisión Europea no cuestiona el marco fiscal de Ceuta para el juego en línea considerando, sobre la tributación de los operadores de casas de apuestas en territorios de la UE que ofrecen ventajas fiscales como Ceuta o Melilla, que lo que hay que garantizar es “una fiscalidad justa para los grandes grupos multinacionales que permita a las jurisdicciones gravar los beneficios obtenidos a través del valor creado en sus territorios” y “un nivel mínimo de imposición” de sus ganancias.