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IU critica la «permisividad» de la Ley del Juego

IU critica la «permisividad» de la Ley del Juego

En sus alegaciones plantea aumentar a 700 metros la distancia entre locales de juego y centros educativos y de salud y que no puedan patrocinar algunos eventos

Izquierda Unida (IU) ha puesto de relieve la «permisividad» de la futura Ley del Juego de Cantabria por permitir la publicidad de los locales de apuestas, bingos, casinos y salones en el mundo del deporte.

Así lo ha dicho este martes en rueda de prensa el coordinador autonómico de IU, Israel Ruiz Salmón, que cree que el anteproyecto de ley presentado por la Consejería de Presidencia del Gobierno cántabro «contrasta con el reclamo de la sociedad contra este tipo de ocio perjudicial para la salud y para el bolsillo de las familias», a las que dice que «sí han atendido otras administraciones, como el Ministerio de Consumo», que ha prohibido la publicidad del juego online.

Y es que la regulación de la publicidad del juego online es competencia del Ministerio de Consumo que dirige Alberto Garzón, mientras que la publicidad de las casas de apuestas es responsabilidad del Gobierno de Cantabria.

Por este motivo, el líder de IU ha diseñado alegaciones -el período para registrarlas acaba mañana- para «mejorar el texto» y «atender el bien común». Así, plantea la prohibición de que las empresas del juego puedan patrocinar equipos, pruebas deportivas, actividades recreativas o eventos culturales, sociales o juveniles en la Comunidad Autónoma.

Además, mientras que el texto del Gobierno considera suficiente que los establecimientos de juego se puedan poner a 500 metros de centros educativos y a 250 metros de unidades de salud mental, IU alega que deben ser 700 metros para sendos lugares e incluir a la universidad, centros de rehabilitación y hospitales, asociaciones juveniles y de carácter social, residencias de estudiantes o mayores y lugares de culto e instalaciones y edificaciones asociadas.

«De lo contrario, esta Ley no estará protegiendo de forma integral a la población más vulnerable, como jóvenes y mayores o personas con bajos recursos y/o con problemas de salud», ha incidido.

Ruiz Salmón ha reconocido que «sí hay avances incluidos en esta ley», pero «únicamente se dan en las cuestiones con menor repercusión y alcance», mientras que las restricciones a la publicidad y los establecimientos, «los grandes focos de atracción de clientes», son «meramente anecdóticas».

A su juicio, «quizá tenga que ver el hecho de que, de las ocho entidades que realizaron aportaciones previas a la ley, tal y como consta en la web de participación, siete tienen intereses empresariales y sólo una, IU, está centrada en el interés general de la población».

Según Ruiz Salmón, igual que el Gobierno puede a través de esta ley autonómica fijar la distancia mínima entre estos locales y centros escolares, también puede limitar la apertura en función de la tasa de población, y recuerda que «no es casual que los salones de juego se instalen en los barrios más poblados y con rentas medias más bajas, tal y como ocurre en lugares como Castilla-Hermida, en Santander, «pues buscan aprovecharse de la precariedad de las familias alimentando falsas esperanzas de dinero fácil a través de reclamos como los ligados al deporte».

Y ha subrayado que el Gobierno regional «renuncia a legislar» siendo competente para «pasarle la patata» a los municipios, a pesar de que el texto reconoce en su artículo 26 que «se entenderá que se produce concentración excesiva en aquellos municipios en los que exista más de un establecimiento de juego por cada 4.000 habitantes».

Así, ha defendido la colaboración entre el Ejecutivo y los ayuntamientos, pero «lo que a ninguna persona le cabe en la cabeza es que un Gobierno con plenas competencias no asuma su responsabilidad y pretenda que lo hagan otras administraciones», ha apostillado.

IU está de acuerdo en el carácter finalista de la recaudación de las sanciones para que se destine a la investigación y prevención de la ludopatía, aunque matiza que, para ello, Cantabria debería contar con una ‘Estrategia contra las Adicciones’ que no tiene y publicar periódicamente informes sobre la localización geográfica de las casas de apuestas presenciales atendiendo a criterios socio-económicos de la población local y otras variables.

Al hilo, ha apuntado que la última estrategia (2014-2018) «está caducada» y se denominaba ‘Estrategia contra las drogas’, pues no incluía las adicciones por el juego y las nuevas tecnologías.

Además, también comparte con el Gobierno la necesidad de fomentar el ocio alternativo, desarrollar actividades de concienciación y que las empresas deban formar a su personal en la prevención de riesgos ligados al juego y conductas adictivas.

En relación al registro de interdicciones -al que cualquier persona puede apuntarse voluntariamente para que se le impida acceder a juegos en los que la Comunidad Autónoma es competente-, IU cree que el texto del Gobierno «no desarrolla este punto de forma concreta», cuestión que Ruiz Salmón considera «imprescindible», para lo que propone fijar 12 meses como tiempo mínimo en que la prohibición debe estar activa, «ya que actualmente cualquier persona puede darse de alta un día y de baja al día siguiente».

Por último, ha resumido que el borrador «incluye medidas relevantes que apoyaríamos sin dudar, pero necesita más ambición para ser realmente una herramienta útil y responsable con los tiempos en que vivimos».